DERECHO PUBLICO - Miastenia gravis e invalidez

Ilegitimidad de la denegación de la jubilación por invalidez

Las instancias impugnatorias –incluso la jurisdiccional en su caso- del acto de rechazo por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, de un pedido de jubilación por invalidez fundado en el padecimiento de miastenia gravis, que no se halla firme ya que se encuentra atacado administrativamente por vía de revocatoria y apelación en subsidio, podrá ser seguido por nuestros lectores en esta página web.

El vicio invalidante.-

La ilegitimidad del acto administrativo previsional atacado, deviene de un vicio en el elemento causa, al apoyarse en un dictamen médico erróneo, que no contempla el real estado de salud de la agente pública y su dimensión incapacitante, la cual es permanente y total ya que supera el 66% de la capacidad laborativa.

La administrada ha sido mal evaluada en su minusvalía por la Junta Médica interviniente, razón que la llevó a solicitar la revisión del dictamen de la junta médica, la cual en esta instancia deberá examinar  en profundidad el caso diagnosticado como miastenia grave, en base a las constancias y estudios presentados.

El rechazo ilegítimo de la pretensión viola no solo la legislación local (arts. 16 a 19 de la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia N° 6915 y sus modificatorias) sino derechos humanos reconocidos constitucional e internacionalmente a las personas con discapacidad.

Jurisprudencia.-

El servicio de la revista on line de la editorial Rubinzal, publica en su diario el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social Sala II, 21-11-2014; recaído en la causa “Garces Velasquez, Norma Haydee vs. Administración Nacional de la Seguridad Social s. Retiro por invalidez “, que  revoca el dictamen de la Comisión Médica Central que estableció la incapacidad de la actora en el 52,05 por ciento y denegó el beneficio previsional, pues la existencia de una minusvalía del 66 por ciento no es un requisito ineludible y, atendiendo al carácter alimentario de los derechos en juego y a la valoración de sus condiciones económico sociales (su edad -59 años-, el informe pericial que determina que la incapacidad detectada no la faculta para realizar sus tareas habituales y la índole de las patologías descubiertas, que generan serias dudas en cuanto a la posibilidad de acceder a un lugar en el mercado laboral), corresponde tener por acreditada la incapacidad requerida para el otorgamiento de la jubilación por invalidez.

“Mutatis mutandi” corresponde extender a este caso los principios recogidos por el pronunciamiento de la Cámara Federal.       

La enfermedad y su proyección sobre la capacidad laborativa.-

La Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune por alteración de neurotransmisores. Produce parálisis progresiva, en especial de cara, lengua y garganta.

Dentro de las tablas para la valoración de incapacidades de origen neurológico, la miastenia grave caracterizada por debilidad muscular de extremidades, ocular y debilidad para hablar, ha sido reconocida en la Provincia de Santa Fe como una minusvalía del 66%.

La dolencia que afecta a la agente pública reclamante es generalizada. Alcanza la parte ocular, la cara, el cuello, las piernas y brazos. Sufre cansancio constante y pérdida total de fuerzas. No puede tener ningún pico de estrés y así lo ha recomendado la neuróloga que la atiende.

Es innegable la proyección de esta seria patología neurológica progresiva, sobre la capacidad laborativa.

La electromiografía realizada concluyó mostrando signos de compromiso muscular neurogénico en la musculatura hipotenar bilateralmente. El estudio consigna que la estimulación repetitiva muestra respuestas compatibles con compromiso de la transmisión a nivel de la placa motora de tipo miasteniforme en Tibial Anterior derecho. Adicionalmente, neuropatías por atrapamiento que comprometen a ambos Nervios Cubitales a nivel del Canal Epitrócleo oleocraneano a predominio izquierdo. 

Se acompañó certificado médico extendido por médica neuróloga, que confirma el diagnóstico de Miastenia Gravis, y la ubica dentro de la clasificación clínica de la tabla de K. Osserman en el grado II b, como generalizada con compromiso esquelético y bulbar (sin crisis), estando actualmente medicada con bromuro de piridostigmina (que no cura la Miastenia, pero ayuda a aliviar los síntomas). 

Si bien no comprende la evaluación de la capacidad laborativa, también tiene relevancia en el caso  la circunstancia de habérsele otorgado a la reclamante Certificado de Discapacidad conforme al régimen del sistema jurídico nacional para personas con discapacidad de la ley 24901, que diagnostica Miastenia gravis. Lupus eritematoso sistémico. Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte.

En efecto, la ley 24901, otorga plena validez en cuanto a sus efectos a los certificados emitidos por las provincias adheridas, otorgados luego de una evaluación interdisciplinaria, en base a un diagnóstico funcional que orienta sobre las prestaciones a las que se permite acceder dentro del sistema, en el caso, de rehabilitación y transporte.

Derecho de las personas con discapacidad.-

Es decisivo remarcar que el derecho de las personas con discapacidad a un trato digno, inclusivo y no discriminatorio, corresponde al terreno de los derechos humanos y es de rango constitucional.  Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Argentina mediante ley  26.378, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los Estados de cumplir con los compromisos asumidos en los tratados internacionales, que incluyen el deber de realizar acciones positivas para eliminar barreras e igualar en oportunidades a las personas que por sus capacidades especiales, tienen mayor  vulnerabilidad. El derecho positivo interno debe adecuarse a esos compromisos internacionales y su incumplimiento le hace incurrir en responsabilidad al Estado.

Los derechos humanos, fundamentales o constitucionales, tienen como correlato una obligación o deber del Estado en materia de derechos humanos, exigible en su cumplimiento por el interesado ante los propios órganos a los que corresponde el débito y en su defecto, ante la justicia.

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad aprobada en nuestro país por ley Nro. 25280 ha establecido que las personas con Discapacidades tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y para el logro de los objetivos de esta Convención los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país, define la discriminación por motivos de discapacidad en su artículo 2, como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el conocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluidas todas las formas de discriminación, y entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

 

 

FUENTES:

Di Doménica – Agenda para pericias médicas, págs. 378/379 y 547).  – Editorial Ábaco de Rodolfo Dipalma, Bs. As. 1993).

Rubinzal On line – Actualidad 16.01.2017

 

  

 

Consultar al autor

Contact form submitted! We will be in touch soon.